Entre 1996-2000, más de 300,000 mujeres y 16,000 hombres fueron esterilizados a través de una campaña y política pública de control poblacional aplicada durante el gobierno de Alberto F. Fujimori en Perú. La mayoría de la población atendida procedía de zonas económicamente deprimidas, de la Sierra, Amazonía y Costa del país, particularmente en zonas donde un alto porcentaje de pobladores no hablaban el español como lengua materna, y en donde podemos encontrar altas tazas de pobreza, fecundidad y mortalidad.
Las AQV’s (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) fueron aplicadas masivamente. Al menos 2,074 denuncias de esterilizaciones forzadas han sido presentadas ante la fiscalía de la nación. Las víctimas/pacientes fueron llevadas a los establecimientos de salud con información falsa, presionadas, acosadas, sobornadas y engañadas para hacerles el procedimiento.Los procedimientos médicos fueron ejecutados sin su consentimiento, usando firmas falsas en algunos casos y formularios de consentimiento informado en un idioma que no era el suyo. Algunos testimonios refieren también a condiciones precarias de los establecimientos de salud, así como a la falta de información respecto de la etapa post operatoria de la intervención, lo cual causó complicaciones que incluso llevaron a algunas víctimas/pacientes a la muerte.
Las esterilizaciones se realizaron sin consideración del contexto y origen cultural de los pacientes/víctimas. La mayoría procedía de comunidades indígenas con una cosmovisión y prácticas en salud sexual y reproductiva propias que no fueron tomadas en cuenta.
En el 2001, un grupo de 12 valientes mujeres del pueblo de Anta en Cusco denunciaron la violación de sus derechos y el hecho irreparable de haber sido esterilizadas en contra de su voluntad. Han transcurrido 15 años desde que los primeros casos fueran denunciados. En Marzo del 2012 la fiscalía de la nación reabrió el caso de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”- Forzada por tercera vez. Hoy corre el riesgo de ser ignorado y archivado nuevamente.
Es el momento para hablar sobre estos abusos y crear conciencia en la opinión pública, sensibilizar a la población sobre la necesidad de respetar, recordar y dar justicia a todas las personas afectadas por lo que fue una política pública vertical y discriminatoria que no debe repetirse.
Involúcrate ¡